Turismofobia

La actualidad nos ha traído un término nuevo que amenaza con ser ya la parte más visible de la herencia política del verano. Me refiero al fenómeno social de la turismo-fobia, es decir, del odio al turista como respuesta de las poblaciones que se ven afectadas por la extensión del turismo masivo. Hasta hace poco, se trataba simplemente de un problema de la economía del turismo cuya solución había que afrontar como un problema fundamentalmente técnico.  En una economía de mercado políticamente controlada, este tipo de problemas se suelen resolver  con políticas integrales. A veces no es fácil dar con las más eficaces y rápidas, pero en cualquier caso, su núcleo esencial no se pone en discusión: si hay una burbuja inmobiliaria, hay que pincharla, si hay exceso de actividad turística, hay que reducirla, si hay comportamientos turísticos indeseables (tanto por parte de productores como de consumidores) hay que perseguirlos. Y siempre, siempre, si hay beneficios privados extra a partir del turismo, debe haber también contribuciones extraordinarias al bienestar común, a través de impuestos y tasas.

Esto último es especialmente importante en el caso del turismo. Las nuevas tecnologías permiten prestar servicios nuevos, a partir de las redes sociales, y contribuyen así a transformar una parte importante de la actividad colaborativa de la sociedad civil en una actividad económica tanto más rentable y extendida cuanto más opaca e impenetrable se mantenga. Alojar a amigos o familiares en tu casa durante unos días de vacaciones es algo que todo el mundo ha hecho alguna vez. Pero hacer de este tipo de actividad un negocio de alcance mundial a través de plataformas de internet, supone la irrupción de un nuevo sector de la economía actual cuyo tratamiento debe acometerse con la misma determinación con la que el Estado afronta el resto de las políticas industriales. Limitar las licencias de alquiler de habitaciones, vigilar el cumplimiento de las normas y cobrar impuestos por este tipo de actividad lucrativa, debe instalarse en la agenda política y de gestión de los ayuntamientos con la misma contundencia con la que se regulan las zonas de aparcamiento o el acceso de visitantes a las cuevas de Altamira. No hay nada radicalmente nuevo en todo esto: solamente nuevas posibilidades tecnológicas de gestión de viejas actividades económicas, y un cierto despiste de los gestores políticos a la hora de implementar medidas efectivas para responder a los nuevos retos.

La extensión de la turismo-fobia es otro asunto: se trata de alentar sentimientos de odio y rechazo hacia los turistas como personas. Desde el punto de vista moral, jurídico y político, la turismo-fobia es una aberración. Los turistas que inundan los centros de nuestras ciudades solo están respondiendo a la invitación que les hemos hecho de venir a visitarnos. Si el comportamiento de alguno de ellos es inapropiado, debe ser impedido o castigado, pero no atribuido a su condición de turista, sino a su baja condición moral o cívica. Las borracheras masivas en la Plaza Mayor o en el Paseo Marítimo no son parte de la actividad turística, sino de la actividad incívica de algunso ciudadanos, propios o forasteros.

En definitiva: no a la turismo-fobia, no a la violencia dirigida contra nuestros conciudadanos visitantes, los turistas. Pero  a cambio, apoyemos sin reservas la regulación de la actividad turística que haga posible un turismo masivo y abierto, pero controlado y beneficioso para todos.

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