Un pacto por la ciencia

La ciencia ya está en campaña electoral. Lo cual es una buena noticia. Hace unos años nadie se acordaba de la investigación científica cuando se trataba de vender a los electores un programa de gobierno para los próximos cuatro años. En cambio ayer, en el primer debate televisivo de los cuatro principales candidatos, la investigación científica apareció al menos en un par de ocasiones. Así que, aunque de forma discreta, los partidos políticos parecen haber descubierto ya que el apoyo a la investigación científica es un tema de interés ciudadano. Llegados aquí, también nosotros podemos contribuir a la actualidad política proponiendo tres puntos para un necesario pacto ciudadano por la ciencia.

El primer punto es recuperar el esfuerzo de España en I+D, aumentando el gasto público e incentivando la inversión empresarial, de modo que se pueda alcanzar el objetivo del 2% del PIB al final de la legislatura. Esto permitiría recuperar a los más de 11000 investigadores que hemos perdido en los últimos cuatro años y ofrecer de nuevo a nuestros jóvenes la posibilidad de realizar una carrera científica sin tener que emigrar a otros países más afortunados.

Un segundo punto se refiere a lo que podríamos llamar la despolitización de la ciencia. Lo que pedimos aquí es que los partidos políticos se comprometan a dejar en manos de los científicos el gobierno de la ciencia. Las universidades ya eligen a sus autoridades sin injerencia de la Administración, las Reales Academias, financiadas con fondos públicos, eligen a sus miembros sin consultar a los ministros. ¿Por qué los proyectos científicos tienen que ser autorizados por el gobierno? Debemos acostumbrarnos a pensar que para que la ciencia funcione hay que dejar que los científicos la gobiernen. Sería muy fácil y muy útil que la próxima persona responsable de la gestión de la ciencia al más alto nivel no solo fuera una científica o científico de elevado prestigio profesional, sino que además fuera propuesta de forma autónoma por la propia comunidad de los investigadores.

Por último, es preciso también un gran acuerdo para “repolitizar”  la ciencia en el escenario de la nueva política. Se trata de articular nuevos mecanismos de participación de los ciudadanos y sus representantes políticos en las grandes controversias sociales, económicas medioambientales, sanitarias etc., que tienen un componente científico cada vez más acusado. Nuestro sistema no tiene cauces para articular estos nuevos debates sociales propiciando la participación conjunta de ciudadanos, científicos y representantes políticos. Pero hay fórmulas que están funcionando por toda Europa, como son las oficinas parlamentarias de evaluación de opciones científicas y tecnológicas (el programa STOA del Parlamente Europeo, por ejemplo), que deberíamos asumir en España si queremos tener un sistema maduro para incorporar el conocimiento científico a los debates políticos.

Ahora es el momento.

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